EE.UU. quiere recortar los fondos para promover la democracia y derechos humanos en Cuba

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La promesa del presidente de EEUU, Donald Trump, de rebajar el gasto en materia de asuntos exteriores, se vio reflejada este lunes en un drástico recorte en la propuesta de presupuesto del Departamento de Estado, que ha obligado a rediseñar la lista de prioridades en América Latina, reportó EFE.

La reducción presupuestaria de la cartera de Exteriores ronda el 32%, lo que supondrá un recorte de 17.831 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2019 en comparación con la partida de 55.632 millones del año 2017.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson. (AP Photo)

En caso de que el Congreso apruebe la propuesta, el recorte tendría una especial resonancia en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), responsable de numerosos programas de ayuda tanto en América del Sur como en Centroamérica, que pasaría de recibir 1.633 millones dólares en 2017 a tan solo 1.377 millones en 2019.

Desglosada esta partida, la intención del Departamento de Estado es destinar 1.114 millones de dólares a acciones de ayuda permanente y eliminar completamente la partida de cinco millones para hacer frente a operaciones de contingencia en el extranjero, que es la que provisiona fondos para hacer frente a crisis humanitarias puntuales.

Tanto Cuba (diez millones de dólares) como Venezuela (nueve millones) recibirán una parte de los fondos presupuestarios, con el objetivo de “promocionar la democracia, los derechos humanos y la libertad” en ambos países, lo que supone una novedad en el caso venezolano, pero un recorte de un 50% en el cubano.

Pese al recorte generalizado en el presupuesto del Departamento de Estado, cabe señalar un aumento significativo en los “fondos para el desarrollo y el apoyo económico”, que tras recibir 4.673 millones de dólares en 2017, percibirá 5.063 millones en 2019, según el documento divulgado por esa agencia federal.

De esta partida, 515,9 millones de dólares irán destinados a hacer frente “al impacto de las organizaciones criminales internacionales” en Latinoamérica, frente a los 361 millones de 2017, y servirán, entre otras cosas, para desarrollar programas que generen “beneficios legales” y proteger los derechos humanos.

Fuente: DDC

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